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Entre Dirección e Inspección General (Acuerdo 17 de 1938)
Cinco
años después, en 1938, se retoma la propuesta de creación de una Dirección que,
como lo afirma el cabildante Germán Zea Hernández y próximo alcalde de Bogotá, en
la Exposición de motivos, responda “a la necesidad imperiosa de unificar la
acción educativa del Municipio. En efecto, hoy las actividades educacionistas
municipales se desarrollan en forma dispersa y quizás inconexa, y son dos o
tres las dependencias que ejercen estas funciones y por consiguiente hay
necesidad de crear una entidad plenamente responsable que pueda presentar los
problemas, que confronte al Órgano Ejecutivo o al cabildo y proponga sus
convenientes soluciones”[1].
Con
número 17 se expide el Acuerdo que si bien, en su primera versión, vuelve a la
denominación de Dirección, en la norma final se borra por el de Inspección General de Educación y Propaganda
Cultural, como se puede apreciar en los folios que recogen la exposición de
motivos:
Pero
tal cambio no fue accidental. Pesaba nuevamente en el régimen planteado por la
Ley 39 de 1903, el papel de la autoridad departamental y los límites planteados
a los municipios en asuntos relacionados con la educación[2]. En su segundo intento, la idea de una
instancia administrativa y autónoma para el gobierno de la educación municipal,
que crecía en complejidad, cedía ante la normatividad vigente que los
constreñía a una figura de inspección dependiente de la Secretaría de Gobierno,
como estaba planteado hasta ese momento. Una situación que perdurará hasta su creación
como Distrito Especial en 1954 y la puesta en funcionamiento de la SED un año después.
Ahora bien, en pleno apogeo de la reforma
educacionista y hegemonía de los gobiernos liberales, la Inspección General articula
la educación, con lo que en su momento se denominó como propaganda cultural, dentro de una estructura dispersa y confusa,
que incluirá los nuevos escenarios culturales y deportivos de la ciudad, además
de los asuntos relacionados con la educación primaria y complementaria, una
Secretario Ecónomo de la Dirección, un Jefe de Propaganda Cultural, una Dirección
y Subdirección de la cual dependen múltiples actividades y asuntos (desde los
negocios generales, la educación física, la inspección de restaurantes
escolares hasta el censo escolar), además de tener bajo su responsabilidad la
Plaza de Toros, el Estadio El Campín y el Teatro al Aire Libre, como se puede
apreciar en el siguiente diagrama incluido en una publicación oficial de 1939[3].
Ahora
bien, los nuevos elementos que tendrá la Inspección General de Educación y
Propaganda Cultural de 1938, también denominada Dirección Municipal de
Educación, se pueden apreciar en el organigrama anterior[4]: el primero, que acoge las inspecciones
dispersas y fija un rango directivo, el de Inspector General; el segundo, que
además de la dimensión propiamente escolar, en lo que respecta a la instrucción
primaria y la complementaria (de artes y oficios, industrial y profesional)
hace explicito el tema cultural a manera de propaganda o mejor, de una facultad
extensiva de la escuela, que ahora coloca en un mismo plano la formación en
escuela y más allá de la escuela, a través de la cultura y sus diferentes estrategias
y mecanismos y los nuevos escenarios que ya tenía la ciudad concebidos con motivo
de la celebración de sus 400 años. A ello contribuyeron, además, por qué no
decirlo, las ideas y propuestas generadas desde el recién creado Departamento
de Urbanismo de la capital que lideró el Plan Ciudad Futura (1933), coordinado
por Karl Brunner quien, con sus planteamientos y realizaciones, polémicos en
algunos casos– hace confluir diferentes ámbitos de la ciudad, en un momento en
el que el país experimenta las reformas de la revolución en marcha y el afianzamiento
de la institucionalidad.
Efectivamente,
la década del treinta marca de manera significativa la importancia de pensar la
ciudad futura, próxima a celebrar sus 400 años de fundación y rondando una
población de 300.000 habitantes: en 1932 el municipio crea el Instituto de
Acción Social de Bogotá que busca atender el problema de habitaciones para
obreros; en 1933 la ciudad autoriza la contratación de un nuevo acueducto para
Bogotá, una necesidad urgente del municipio[5] y crea, al interior de la
Secretaría de Obras Públicas Municipales, el Departamento de Urbanismo “encargado
del planeamiento de la ciudad futura, del estudio de la legislación que
reglamente las urbanizaciones y facilite la apertura y ensanche de las vías
urbanas y, en general, de todos los problemas de urbanismo relacionados con el
desarrollo de Bogotá” [6].
En
dicho Acuerdo se autoriza la contratación, por tres años prorrogables, de “un
técnico urbanista europeo que haya proyectado el plano de algunas ciudades suramericanas
de más de trescientos mil habitantes”. Este urbanista sería Karl Brunner, quien
llegó a la ciudad en 1934[7]. Podría afirmarse que gran
parte de sus acciones estuvieron enmarcadas en la celebración del IV
Centenario de la fundación de la
ciudad, dentro del plan de mejoras y de obras públicas proyectadas, entre las
que se consideraron las siguientes: el nuevo acueducto, la red de
alcantarillado, la pavimentación de las vías públicas de la ciudad, la construcción
del Paseo Bolívar, los hornos crematorios de basura, el alumbrado público, la planta
pasteurizadora de leche, además de la
construcción de seis edificios para grupos escolares, con capacidad de 300
escolares, la arborización y construcción de alamedas, la construcción del
asilo-escuela, de la cárcel, el establecimiento del Plano Bogotá Futura (con el
Departamento de Urbanismo), las construcciones lideradas por el Instituto de
Acción Social, el Cementerio del Sur, el Aeródromo Municipal, el Estadio Central,
la intensificación de los servicios de higiene, entre otros[8]. Y efectivamente, muchas de estas obras se materializaron
y otras se proyectaron para los próximos años.
Ahora bien, como una forma de dar cuenta de la obra
educativa generada en la ciudad durante la década del treinta, Roque Casas muestra
las realizaciones y las particularidades de la educación en el municipio,
haciendo explicita su intención de mostrar los “primeros efectos de un cambio
de régimen en la educación, después de implantadas, con positivo y laudable
provecho, las normas de la nueva escuela pedagógica, o escuela activa de la
educación”[9]. La importancia de
mostrar estas realizaciones buscaba contrarrestar los diversos tropiezos y el estado
caótico en el que se encontraba la educación en la nación: “carencia de
locales, escasez de maestros, absoluta falta de higiene, material humano desnutrido,
averiado por los parásitos, distante de la protección oficial, sumido en
ultrajante ignorancia y sujeto a un sistema pedagógico que arruinaba las
facultades intelectuales”[10].
Era necesario, entonces, aprender de la experiencia de la capital
cuando en el país la tarea más urgente y prioritaria seguía siendo: sanear e
higienizar, instruir y civilizar. El documento de Roque Casas hace visibles los
progresos, lo retos y los problemas de la educación en Bogotá, realizando
diversas visitas a instituciones escolares y de extensión cultural que se
registran en múltiples gráficas, una labor de difusión de principios y
realizaciones que espera sean tenidos en cuenta en otros municipios de la
geografía nacional[11].
Uno de los primeros elementos que resalta el informe está
relacionado con “la construcción técnica de edificios escolares, de acuerdo con
las urgentes normas pedagógicas”[12] y la necesidad de
avanzar en este sentido, pues a pesar de los avances, a finales de la década de
los años treinta la situación seguía siendo crítica para la demanda de la capital:
insuficiencia de escuelas, desproporción entre solicitud de matrícula y cupos
disponibles, promedio de 53 alumnos por maestro, que en palabras de Roque “resulta
evidentemente excesivo, si se tiene en cuenta que la mayoría de las escuelas
funcionan en casas arrendadas, impropias para una labor integra, por lo
reducido de las aulas, por falta de servicios higiénicos en número suficiente,
por carencia de patios de recreo, etc. etc.” [13].
En ese momento el municipio sólo contaba con 125 aulas de su propiedad,
construidas especialmente para escuelas. Se calculaba en 100 el déficit de
escuelas y para ello se estaba avanzando en la organización de “escuelas de
emergencia”, como se decía en aquella época.
Además, la obra educativa de ciudad incluía de manera
privilegiada a los maestros y su formación, en un proceso más amplio de
dignificación de la profesión que durante la década del treinta será testigo de
la creación de la Facultad de Ciencias de la Educación y su posterior fusión en
la Escuela Normal Superior (1936), creada en la capital durante el primer
gobierno de Alfonso López Pumarejo y en donde se formó una élite de brillantes
intelectuales en los campos de la ciencias sociales, la lingüística y las
ciencias puras.
El informe señala también los avances en la organización
escolar en lo que corresponde a la inspección, a la difusión de la técnica
escolar basada en los principios de la escuela activa, a la relación de los
padres de familia con la escuela, a las organización de cooperativas escolares,
a la Cruz Roja escolar, el fomento al excursionismo; aspectos que ponen de
presente un redimensionamiento de la labor educativa no centrada en la
instrucción y circunscrita a los muros de la escuela.
En lo que respecta a la enseñanza complementaria emergen en
el panorama urbano de la Bogotá de los años treinta los institutos
profesionales dirigidos a obreros y artesanos de ambos sexos. Ya desde 1916 se
había dispuesto la apertura de un Taller Municipal de Artes y Oficios para
niños pobres[14]. Diez
años después, y haciendo eco a las sugerencias de la Misión Pedagógica Alemana,
su número se incrementará a cuatro, funcionando en las primeras horas de la
noche, con una diferenciación de edades y secciones: adultos y niños en donde sólo
se admitían “alumnos obreros manuales e hijos de obreros manuales”[15]. Lo interesante es
observar cómo participa la Alcaldía y el Consejo, en este caso particular, a
través de una junta especial que se denominó de “Escuelas talleres para obreros”,
la cual estaba formada por tres miembros y un secretario (el señor Alcalde de
la Ciudad, el señor Inspector escolar y un miembro del Concejo).
Cabe anotar que las acciones del municipio relacionadas con
educación para los obreros, se llevan a cabo en desarrollo de los preceptos de
la Ley 39 y su decreto reglamentario. Varios son los intentos y muchas las
adecuaciones hasta crear los Institutos Profesionales, que partiendo de las escuelas-talleres,
afinan su organización y dotación, fortaleciendo su acción extensiva a la
población. En 1939 funcionaban dos para mujeres y uno para hombres, financiados
en su totalidad por el municipio: el Instituto Profesional para Señoritas del
Norte, que ofrecía las
especializaciones en Comercio y Telegrafía y estaba dotado con máquinas de
escribir y aparatos radiorreceptores para las prácticas correspondientes; el Instituto
Profesional para Señoritas del Sur,
que enseñaba
modistería, sastrería, sombrerería, tejidos, trabajo en mimbre, guarnición,
culinaria, horticultura y avicultura; y el Instituto de Varones, “la
mejor organización con que cuenta el municipio para la preparación de obreros y
artesanos”[16]. Estaba dotado con un taller de forja, con
seis forjas completas; un taller de carpintería, mecánica y manual; un taller
de fundición; un taller de zapatería; un taller de sastrería; un taller de
talabartería; un taller de plomería –donde se trabajaban objetos en plomo,
estaño, latón y otros materiales– y un taller de automovilismo –donde se
preparaban choferes mecánicos–.
Atendiendo a las necesidades de la población que no podía
asistir a los colegios de segunda enseñanza o secundaria, el Concejo creó la Escuela Media de Comercio, con horario
nocturno. Duraba tres años y se enseñaban los conocimientos básicos del
bachillerato más tres especializaciones en mecanografía, taquigrafía y comercio.
La Inspección
General (o la Dirección de Educación Municipal) incluía dentro de su
organización a la Inspección de Restaurantes Escolares. Aquellos habían tenido
un gran empuje en la administración del presidente López Pumarejo y la
experiencia de la capital le permitió garantizar el funcionamiento de
restaurantes escolares en 41 barrios de la ciudad a los cuales asistían 6.450
niños de todas las escuelas y contaban con un financiamiento compartido entre la
nación y el municipio.
Además Bogotá se
había dado a la tarea de organizar la educación física no sólo en las escuelas
sino también en los todos los centros obreros de la capital, garantizar el
servicio médico escolar, el servicio dental, la peluquería escolar, la
enseñanza agrícola en los institutos municipales y en algunas escuelas
primarias; frentes de acción que se
hacían visibles en el organigrama y en el presupuesto de la Inspección General.
Desde 1938 y durante algunos años de la década siguiente, la
capital garantizó el servicio de transporte escolar, que además de acortar
distancias para aquellos niños que vivían lejos de la escuela, respondía a “uno
de los factores educativos cuyos resultados son patentes en la nueva pedagogía
y que consiste en las excursiones escolares”[17]. Con una flota de ocho
buses se transportaba en promedio a 86.000 escolares por mes, recorriendo un
total de 15.560 kilómetros.
Como ya se anotó, la Inspección General lo era de Educación y
también de Propaganda Cultural. El Jefe de Propaganda Cultural, entre otras
actividades, debía liderar las campañas de alfabetización que había iniciado el
alcalde de la ciudad Manuel Antonio Rueda Vargas, en 1936, y que dio paso a la
apertura de institutos nocturnos en diversos barrios de la ciudad. Igualmente
esta jefatura tenía bajo su responsabilidad la Casa de la Cultura (fundada en
1938), las actividades relacionadas con el cine educativo, la coordinación de
espectáculos públicos en la Plaza de Toros y en el Teatro al Aire Libre (obsequiado por la colonia inglesa con motivo
del IV Centenario de la ciudad), liderando también la campaña de cultura
general en los barrios obreros, las propagandas de cultura cívica y la emisión
de la “Escuela del Aire”, un programa radial apoyado por la Radiodifusora
Nacional en el que participaban alumnos, profesores y directores de educación.
Como se puede apreciar, la dimensión de la Inspección
General se amplía y despliega en todos los órdenes de la vida educativa y
cultural, haciendo presencia en escenarios que hasta el momento no hacían parte
de acción institucional alguna en la educación de la ciudad. Esta efervescencia
se verá matizada y en cierta forma diluida en los años posteriores. El mundo
entra en guerra: Colombia y su capital no escapan a sus efectos[18]. En nuestro caso
particular tendrá otros ingredientes de carácter político y social: “La
reacción conservadora y la ferocidad de la expansión capitalista que se produjo
después de la segunda guerra mundial, dio al traste con este proyecto. La
violencia cubrió de luto campos y ciudades por lo menos durante 15 años. El
país entró a la modernidad, pero por otra vía diferente al del Estado Nación
que en su momento era preciso. El desarrollo nos impuso otra lógica y ya no
habría más educación nacional. Allí comenzaría otra historia”[19].
Después de la normativa de 1938, aparecerán dos propuestas
en 1949 y 1950: la primera, el Acuerdo 92 expedido en noviembre de 1949:
Este proyecto de Acuerdo será objetado por el Alcalde por
considerarlo improcedente, invocando la Ley Orgánica de 1903 y reclamando el
fuero del Ejecutivo, en este caso el Alcalde, en asuntos relacionados con la
educación pública, situación que desconoce el citado acuerdo, como lo afirma
con vehemencia el alcalde Santiago Trujillo en su objeción, pues “al pretender
entregarla, en la esfera municipal, a una Junta en el que el Ejecutivo apenas está
representado por uno de los siete miembros que la constituyen. El Alcalde será
en aquella Junta de poderes limitados un simple convidado de piedra”[20], composición que
se puede apreciar en el texto original incluido arriba.
La segunda propuesta saldrá a la luz pública un año después,
a través de un decreto fechado en diciembre de 1950[21], por el cual se reorganiza
el Departamento de Instrucción Pública del municipio, bajo la estructura de la Inspección
General y que corresponde a la siguiente organización:
Esta normativa y el contexto en el cual surge, indican una
situación todavía difusa para la educación pública en la capital, situación que
persistirá en los años siguientes y en donde se hace evidente la importancia de
una instancia administrativa que fije las políticas y oriente las acciones de
la educación pública en la capital. Tal proceso apenas se iniciará con la
creación de la Secretaría de Educación en 1955, como podrá apreciarse en el
siguiente apartado.
[1]
Exposición de motivos, Acuerdo 45 de 1938, por el cual se crea la Dirección
Municipal de Educación y se determina su funcionamiento (fol. 400).
[2]
Además la propuesta de Dirección tenía el inconveniente de asimilarse a una
Secretaría: “Que, según una jurisprudencia autorizada: Los Secretarios de la
Alcaldía de Bogotá, ejercen por sí o por delegación las mismas funciones que
los Secretarios Departamentales, son de su misma categoría, tienen mando
administrativa [sic], civil y política (Sentencia de Mayo 10 de 1928.- Anales
No. 164, Página 108, Tomo XXI)”. Ver: Alcaldía
Mayor de Bogotá. (24 de marzo de 1960). Decreto 231 de 1960. Por el cual se
determinan las funciones de la Supervisión Escolar de la Secretaría de
Educación del Distrito Especial. Bogotá.
[3] Ver: Casas, R. (1939), óp. cit., s.p.
[4] En estos
años es común ver nominaciones distintas a las que se encuentra en la
normativa, y como se puede apreciar en este diagrama, incluido en una
publicación institucional sobre la Educación Pública en Bogotá en 1939, pervive
la nominación de “Departamento de Instrucción Pública del Municipio” con el de
“Dirección Municipal de Educación”, aunque en la norma vigente se lo denomina
“Inspección General de Educación y Propaganda Cultural”.
[5] Ver: Acuerdo 24 de 1933 (agosto 9), por el cual se
autoriza la celebración de un contrato con la Nación para la construcción del
nuevo acueducto de Bogotá.
[6] Ver: artículo 2, Acuerdo 28 de 1933, por el
cual se crea el Departamento de Urbanismo en la Secretaría de Obras Públicas
Municipales.
[7] En 1923 la ciudad ya había tenido una
experiencia previa con “Bogotá Futuro” (1923). Mediante el Acuerdo 42 de 1933
(diciembre 7) se aprobó el contrato con el profesor urbanista Karl H. Brunner.
[8] Ver: Acuerdo 34 de 1933 (octubre 8), por el cual
se determina el plan de mejoras y de obras públicas que deberá desarrollarse en
celebración del cuarto centenario de la fundación de Bogotá.
[9] Casas, R. (1939), óp. cit., p. 7.
[10]
Ibíd.
[11] El mismo
autor también escribió (1943) Educación
Pública del Tolima. Ibagué: Imp. del departamento, 47 p.
[12] Casas, R. (1939), óp. cit., p. 14.
[13] Ibíd.
[14] Acuerdo 38 de 1916 (septiembre 7), por el
cual se dispone la apertura de un Taller Municipal de artes y oficios para
niños pobres.
[15] Acuerdo 8 de 1926 (abril 29), por el cual se
modifica y complementa el acuerdo número 38 de 1916.
[16]
Casas, R. (1939), óp. cit., p. 21.
[17] Casas, R. (1939), óp. cit., p. 40.
[18] Uno de
los hechos más significativos será la aprobación, en febrero de 1940, de 60
nuevas escuelas que equivalían a 60 nuevos maestros.
[19] Álvarez
Gallego, A. (2005). La educación pública
en Bogotá, setenta años hace… Bogotá: s.p.
[20] Ver:
Objeciones al Acuerdo 92 de 1949, por el cual se crea el Departamento Municipal
de Educación, Espectáculos y Deportes y se dictan otras disposiciones.
[21] Decreto
663 de 1950 (diciembre 3), por el cual reorganiza el Departamento de
Instrucción Pública del Municipio.
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