ARCHIVO DISTRITAL DE BOGOTÁ
CORPORACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO
CORPORACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO
CIDE
HISTORIA INSTITUCIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
- SED -
JORGE ORLANDO CASTRO VILLARRAGA
ÁNGEL PÉREZ MARTÍNEZ
ALEJANDRO ÁLVAREZ GALLEGO
Investigadores
JESSICA PÉREZ PÉREZ
Asistentes de investigación
Bogotá, 2012
Tabla de Contenido
La Corporación Internacional para el Desarrollo de la
Educación Superior, CIDE, creó un equipo de muy alto nivel académico y con
amplia experiencia en la Administración de Bogotá en el campo social con el
propósito de participar en la Convocatoria Pública N° 119-2011
de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC y el Archivo
Distrital. Esta convocatoria tenía como objeto realizar la investigación de las historias
institucionales, correspondientes a los sectores de Integración Social y
Educación, así: 1.Historia Institucional
de la Secretaría Distrital de Integración Social. 2. Historia
Institucional del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la
Juventud – IDIPRON. 3. Historia Institucional de Secretaría Distrital de
Educación. 4. Historia Institucional del Instituto para la Investigación Educativa
y el Desarrollo Pedagógico –IDEP- y; 5. Elaborar y presentar, con base en los
estudios e investigaciones aquí realizadas, recomendaciones de modificación o
propuestas de ajustes, complementos o supresiones que se consideren necesarios
o convenientes al Método de Investigación en Historia Institucional propuesto
por la Universidad del Rosario y el Archivo de Bogotá.
La
CIDE ganó el concurso previsto en la Convocatoria No 119-2011 y cuatro meses
después entregamos al Archivo Distrital, a la ACAC, a los investigadores y a la
Ciudad los documento que desarrollaron la historia institucional de las cuatro
(4) entidades, de acuerdo con el Objeto de dicha convocatoria, y la propuesta para fortalecer la Metodología
del Archivo Distrital para elaborar historias institucionales. Este documento,
que hace parte de la Historia del sector de educación, fue elaborado por un
grupo que coordinaron los profesores e investigadores Jorge Orlando Castro y
Alejandro Álvarez.
La
investigación para elaborar el proyecto de historia
institucional, de cuatro de las entidades oficiales del sector social de Bogotá,
fue una gran oportunidad para la CIDE de contribuir al conocimiento
institucional de la ciudad y para conocer la evolución de las entidades
públicas, así como su desarrollo normativo, organizacional y funcional.
Esperamos que estos documentos ayuden a consolidar y a fortalecer las políticas
públicas del sector social de la ciudad. No menos importante es el propósito
de aportar a la memoria de la Ciudad y
en particular a una de sus fuentes históricas más preciadas y con enorme
potencial como es el Archivo Distrital.
Con este tipo de investigaciones el Archivo
Distrital estimula a centros de investigación, a investigadores y a
profesionales de la administración pública a reconocer la existencia de
metodologías y formas de abordar el desarrollo institucional de la ciudad, a
partir de reconocer la historia de las instituciones oficiales como un objeto
de conocimiento que está ligado al desarrollo del Estado y al contexto
político, social, económico y cultural en el cual éste se crea y evoluciona,
junto con las entidades e instituciones que conforma su organización
administrativa.
Finalmente, reconozco y agradezco la labor del
Doctor Ángel Pérez Martínez quien preparó la propuesta de la CIDE y coordinó
este proyecto en la elaboración de cada uno de los documentos. También, a los investigadores y asistentes de
investigación a quienes valoro el esfuerzo y la enorme
calidad metodológica, conceptual e investigativa de este trabajo.
JAIRO ORLANDO RODRÍGUEZ
RECTOR
El trasegar de la Secretaría de la Educación de Bogotá en más
de cincuenta años de vida institucional ha estado caracterizado por múltiples
hechos y acontecimientos que hacen parte también de la historia social,
política y educativa del país. Sobre la educación en Bogotá existen diversos
trabajos, ya sea enfatizando su dimensión social y política, ya sea mostrando
su historia en diferentes momentos, o circunscribiendo su análisis a un
diagnóstico como preámbulo a una propuesta de gobierno o plan de acción. En
fin. El tema de la educación en Bogotá es tan amplio e interesante, que es
previsible la continuidad de estudios al respecto, toda vez que la comunidad
interesada en centros académicos o en entidades gubernamentales y no
gubernamentales sigue creciendo[1].
Sin pretender ser una historia social o una
historia de la educación en sentido estricto, el trabajo que a continuación se
presenta, inscrito en un programa más amplio de historias institucionales en
las cuales está empeñado el Archivo de Bogotá desde hace más de una década,
tiene un acento particular: el de mostrar aquellos hitos claves que han
caracterizado su vida institucional desde su gestación y posterior despliegue
como entidad distrital encargada de la prestación del servicio educativo en la
ciudad. El surgimiento de una institución no es un asunto de azar, pues tal
acontecimiento se corresponde con un ideario, con una intencionalidad, y asume
la lógica de las organizaciones según el momento histórico y el contexto en el
cual surge. En últimas, la gestación de cierta institucionalidad política, que
tiene un foco visible en una u otra institución, es indicativa de la apuesta de
una sociedad, de un proyecto de nacionalidad, de una opción de gobierno sobre
la ciudad, el país, la población.
Quizás este sea uno de los elementos más valiosos de la
historias institucionales: el de permitir focalizar la mirada, acentuar los
análisis desde la interioridad que fija un engranaje normativo, una estructura
de direcciones y secciones, que en uno u otro agrupamiento, en su recomposición
o en su exclusión en la siguiente, son indicativas de las apuestas, de las
prioridades, de lo que en su momento y bajo ciertas condiciones, los decisores
de política y los administradores de la misma, definen y visualizan como lo más
pertinente.
No es gratuito, pues, que una Subdirección Académica haya
ganado el lugar preponderante que tenía una Dirección Operativa que a su vez
había dejado de lado a una División Pedagógica que, en la misma creación de la SED,
no existía. Efectivamente, el surgimiento de la División Pedagógica y el Instituto
de Especialización para el Magisterio (1959) se corresponde con el énfasis
asignado en la década del sesenta a la educación primaria (como se evidencia
con la expedición del Decreto 1710 de 1963 y la llegada al país de la Misión
Pedagógica Alemana); diferente a la Dirección Operativa (1972), que a finales
de la década del ochenta se denominó como Dirección de Administración y Supervisión
Educativa y que materializó toda una concepción de mejoramiento cualitativo
centrada en el diseño previo de la enseñanza, difundiendo una visión instrumental
del trabajo en las escuelas a partir de la introducción de la tecnología
educativa y la generalización del proceso de renovación curricular que se
empeñó en la elaboración de “un currículo a prueba de maestros”[2]; contraria al surgimiento
de la Subdirección Académica (1995) gestada en un momento en el cual, más que operar
y administrar, era prioritario seguir el derrotero trazado por el movimiento
pedagógico y la Ley General de Educación, en donde la prioridad fue fijar las
bases para la interlocución de carácter académico con los nacientes proyectos
educativos institucionales y con los colectivos de maestros al frente de las
instituciones educativas.
Otro tanto ocurre con el surgimiento de la Dirección de
Investigación para la Educación –DIE– al interior de la SED (1972), en un
momento en el cual funcionaba el ICOLPE a nivel nacional y la investigación de
carácter socioeducativa se considera como estratégica y fundamental para la
orientación de la política; o la creación en 1998 de dos subdirecciones, a
falta de una, para aspectos relacionados con la gestión de procesos
administrativos, cuando la Subsecretaría Administrativa se divide en dos: Subsecretaría
Administrativa y Subsecretaría de Planeación y Finanzas, bajo la prioridad
concedida a la cobertura, la calidad y la eficiencia. Asuntos todos ellos
reconfigurados, no sólo en términos de reestructura administrativa y funcional
sino también de ampliación del horizonte institucional, cuando en el año 2008
se propone la última transformación de la SED, ahora desde un enfoque de
derechos.
Tales reacomodamientos y reagrupamientos, tales presencias y
ausencias, más allá de una valoración positiva o negativa, lo que indican son las
formas específicas de la política institucionalizada, en cuyo devenir es
factible reconocer hitos, rupturas, discontinuidades de los cuales hace eco el
trabajo que a continuación se presenta, combinando un análisis de contexto con
un seguimiento a la interioridad misma de la institución, recogida en cada uno
de los seis apartados en que está dividido el trabajo que presentamos a
continuación:
1. La política educacionista liderada por la Dirección Municipal de
Educación de Bogotá (1933-1950)
En este
primer periodo se pone de relieve el contexto y los antecedentes de la SED, con
una primera alusión al conjunto de prioridades que después de la Guerra de los
Mil Días se fijan para el país. Se hace mención, entre otros aspectos, a la Ley
Orgánica de 1903 y al posterior despliegue de discursos, organizaciones y
planes gubernamentales en donde las direcciones de instrucción pública
(especialmente la del Departamento de Cundinamarca), las escuelas y los
maestros juegan un papel fundamental en el proceso de instrucción e
higienización de la población. Igualmente, se hace mención a la Ley 56 de 1927
que crea el Ministerio de Educación (anteriormente de Instrucción y Salubridad
Pública), al debate sobre la educación como un asunto público unido a los
desarrollos de los gobiernos liberales de la década del treinta. Atendiendo al
núcleo investigativo, este periodo es clave, pues en 1933 se crea la Dirección
de Educación Pública de carácter municipal[3] hecho que por sus efectos
políticos y su composición administrativa, hace evidente la importancia
estratégica que la educación tiene durante los años treinta, asunto ratificado
en 1938.
2. La onda planificadora y el reto
modernizador: gestación y surgimiento de la Secretaría de Educación (1950-1972)
Este periodo aborda las condiciones y
características políticas, sociales y demográficas en las cuales se creó la SED
y sus posteriores adecuaciones institucionales, en un momento en que el municipio
de Bogotá se transforma en Distrito Especial con la anexión de 6 municipios. En
una primera parte se hace referencia al nuevo orden planteado por el periodo de
la posguerra, la estrategia del desarrollo en donde la educación es piedra
angular y la importancia concedida a los organismos de cooperación técnica
internacional en la educación y su planificación. Por otro lado, se hace
mención al conjunto de prioridades que asume el Estado para su modernización,
el papel de la Misión Currie y la Misión
Lebret, el Primer Plan Quinquenal de Educación, la Alianza para el Progreso, la
reforma administrativa de 1968 y los esfuerzos de escolarización que tienen
múltiples repercusiones en la naciente metrópoli. En el caso particular de la
SED, además del análisis de sus primeras estructuras orgánicas, se hará una
mención especial al Departamento de Planeación de la SED[4], unidad que
tendrá a su cargo la elaboración de todos los planes educativos para
desarrollar en el Distrito, la adaptación de los planes nacionales y la
supervisión del desarrollo de los mismos.
En el
contexto de ciudad y su relación con la educación, se hace alusión al Plan
Regulador liderado por Le Corbusier y su visión funcional de lo urbano, unido
al plan de construcciones escolares durante las décadas del cincuenta y del sesenta.
En otro plano de análisis, este apartado dará cuenta de la División Pedagógica
de la SED, de la política de educación primaria y media de carácter nacional
(por ej. el Decreto 1719) unido al papel que cumplió en su momento el Instituto
de Especialización para el Magisterio y la formación continua de los maestros y
profesores de la capital.
3. La SED: entre el mejoramiento cualitativo
de la educación y el movimiento pedagógico (1972-1990)
En esta etapa se abordan algunas de las
repercusiones de la reforma de 1968 en el gobierno de la ciudad y en la
educación. Teniendo en cuenta el núcleo investigativo este espacio de tiempo
tiene como referencia la reestructuración de la SED en 1972[5],, las
relaciones elaboradas entre educación-ciudad-planeación a partir del PIDUZOB y
su proyecto de educación, la SED y el FER en aspectos relacionados con la
administración de recursos. Por otro lado, se busca mostrar el papel de la SED
en el desarrollo del proyecto multinacional de tecnología educativa y el
proceso de renovación curricular (Proyecto Bogotá) a través de la DIE-CEP.
Estos procesos liderados, por el Distrito, tendrían repercusión de carácter
nacional (por ej. Decreto-Ley 088/76 y 1476/78).
En este
contexto se analizará el paso de la División Pedagógica a la Dirección
Operativa en la estructura orgánica de la SED y sus implicaciones en las
discusiones generadas durante la década del ochenta en torno al Movimiento
Pedagógico, el papel de la ADE y los maestros de la capital en ese debate y las
nuevas adecuaciones generadas en el marco del mejoramiento cualitativo de la
educación. De igual manera, durante este periodo tiene un auge importante la
investigación socioeducativa (por ej. ICOLPE para el ámbito nacional), que en
el caso del Distrito se concreta con la creación de la Dirección de
Investigación para la Educación –DIE– (creada en el mismo Acuerdo 27 de 1972) y
que años después ampliará sus funciones como Centro Experimental Piloto –CEP–
en el marco de la reforma educativa nacional de 1976. Cabe resaltar que dado que
este periodo cubre la décadas del setenta y ochenta el trabajo mostrará la
confluencia de diversos movimientos sociales, en especial el de los de maestros
y su incidencia sobre las políticas educativas de la ciudad que afectarán la
composición y la orientación de la SED durante estos años.
4. La SED y el Distrito Capital: nuevos
vientos, momento de transición (1991-1997)
Este periodo centra la mirada en la transición
generada por tres hechos de gran trascendencia para el país y la ciudad: el
primero de ellos, la discusión en torno a la constituyente y el Estado Social de
Derecho que sustenta la Constitución de 1991; el segundo, la discusión y
expedición de la Ley General de Educación (1994); y el tercero, la creación del
Distrito Capital y la expedición del Estatuto Orgánico de la ciudad (1993). En
este marco, se configuran nuevos escenarios de participación (concertación de planes
sectoriales, foros) y nuevos planos para el desarrollo de la autonomía en el
gobierno de la ciudad en todos los órdenes (social, político administrativo,
financiero, cultural y obviamente, educativo). Ello involucra una serie de
adecuaciones y aprendizajes, que en el caso de la SED implicó, por ejemplo, que
en un lapso estrecho de tres años se presentara igual número de
reestructuraciones[6].
5. La SED y el énfasis en la gestión y la
administración de la educación (1998-2003)
En los años posteriores a la transición, la SED
tiene un énfasis particular en garantizar el ciclo de mejoramiento de los
procesos administrativos y de gestión institucional. Se opta por desarrollar
proyectos y propuestas que garanticen la cobertura, calidad y eficiencia, en
correspondencia con la Ley 715 de 2001. Se consolida el proceso de integración
de sedes educativas en una institución escolar (integración) y se empieza el
proceso de descentralización a través del fortalecimiento de los CADEL. La
gestión de la calidad, los asuntos relacionados con cobertura, calidad y
eficiencia y, en general, el ciclo de mejoramiento (evaluación por
competencias, los colegios en concesión, los factores asociados a la calidad,
la integración de las instituciones educativas), son asuntos de primer orden
que implicaron para la SED dos reestructuraciones: la primera en 1998 y la
segunda en 2001[7].
6. La educación como un derecho y la
construcción de las políticas públicas en el Distrito Capital: nuevos rumbos
para la SED (2004-2010)
Sin dejar de lado aspectos relacionados con la
calidad y la cobertura, durante este periodo el enfoque de las acciones de la
SED busca redimensionar todo lo que atañe a la construcción de política pública
en el marco de la educación como un derecho y no solamente como un servicio. En
este apartado se hace énfasis en la reestructuración de la SED (Decreto 330 de
2008) generada en el marco de la sectorización de las instituciones del
Distrito (2006)[8], el fortalecimiento de la educación oficial
materializado en los planes sectoriales y las implicaciones de la
reestructuración de la Secretaría de Educación desde el enfoque de derechos: Derecho a la
disponibilidad, Derecho al acceso, Derecho a la permanencia, Derecho a la
calidad.
Cabe anotar que el trabajo desarrollado en torno a la
historia institucional de la Secretaría de Educación parte de la identificación
de aquella normativa que da cuenta de su creación, sus posteriores
reglamentaciones, las adecuaciones a que ha dado lugar y sus reestructuraciones
más significativas. Pero esta mirada a la institución a su vez suscitó
preguntas por sus condiciones de posibilidad y, en nuestro caso particular, por
el peso de la ciudad, de lo urbano a través de la sectorización, por ejemplo, o
la densificación poblacional, la distribución de localidades y núcleos de
desarrollo económico que entran en juego. En este sentido, la institucionalidad
política que aborda la historia institucional nos planteó el reto de advertir
no solamente los acomodamientos normativos sino el juego estratégico en el cual
está involucrada, las formas de apropiación y circulación de las políticas de
Estado, la configuración de prácticas y nuevas formas de relación entre los
sujetos, los nuevos ámbitos y los nuevos saberes que convoca.
En el trabajo propuesto se identificaron diversos núcleos de
análisis que orientaron la consulta y el procesamiento de la masa documental
que soporta el estudio, a la vez que permitió fijar los límites y las
posibilidades de una historia institucional. En nuestro caso particular, la
periodización propuesta tuvo el reto de corresponder con esta especificidad, de
mostrar el despliegue de esta institucionalidad en relación con un contexto más
amplio, advirtiendo también sus límites: nuestro foco de atención, nuestro núcleo
investigativo estuvo en la institución misma. La presente historia
institucional de la Secretaría de Educación busca dar cuenta de esta complejidad,
articulando los designios de las políticas de Estado con aquellas generadas
desde el gobierno de la ciudad en torno a la educación, a través de un análisis
de la condiciones de surgimiento, despliegue y consolidación.
De igual manera, los hitos señalados fueron analizados como
efecto de relaciones de fuerza (saber-poder), que de una u otra manera indican
las prioridades y la puesta en funcionamiento de unas intencionalidades que
lideran gobernantes locales y nacionales, unas directrices que fijan y
promueven organismos estatales e internacionales; unos lineamientos generados,
en años recientes, desde ámbitos de participación y concertación con
organizaciones y movimientos sociales que, en el caso de la educación pública,
han venido contribuyendo en la construcción de las políticas públicas como un
escenario y una estrategia deseable e irrenunciable para la orientación de la
educación en la ciudad, una ciudad de derechos.
1 Las prioridades municipales: instrucción e higienización
Bogotá saluda el advenimiento del siglo XX en medio de la
Guerra de los Mil Días, una más dentro de una serie de guerras civiles que han
dejado su huella trágica en la historia política y social de Colombia. Entre el
caos y la confusión reinantes, el Estado durante la primera mitad del siglo XX,
bajo regímenes conservadores y liberales, buscará por todos los medios convocar
a las multitudes y a la sociedad en general a refrendar el principio jurídico
de ordenamiento contenido en la ley en el marco de los preceptos constitucionales
de la Constitución de 1886. Se trataba de regenerar esa patria que “hemos
convertido en un campo de horror, en el cual sólo se ven las columnas de humo
de los combates y la sangre de infinitas víctimas sacrificadas por el monstruo
de la guerra civil”[9]. Y los
gobiernos, nacional y municipal buscaron encauzar el país y la ciudad al nuevo
siglo y enfrentar los problemas vigentes. En el ámbito nacional las reformas
constitucionales buscarán materializar una voluntad política, que tendrá dentro
de sus pilares el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado y de
manera particular la defensa de la población invocando su restauración moral y
física:
Las actuales generaciones están enfermas por el odio y
carcomidas por la ambición política. De ellas muy poco tiene que esperarse en
la grande obra de la regeneración de la patria. Toda la esperanza hemos de
cifrarla en las generaciones futuras. Reformemos los métodos de enseñanza para
que la instrucción y la educación nacionales formen hombres capaces de dar prosperidad
y gloria a Colombia[10].
Y Bogotá no fue ajena a ello. Durante la primera mitad del
siglo Bogotá era todavía un municipio, capital del departamento de
Cundinamarca, situación vigente hasta 1954 cuando se erige como Distrito
Especial. Con una población de 100.000 habitantes en 1905, a finales de la
década del treinta ronda los 300.000 y en 1950 su población alcanza más de 600.000
habitantes.
La “Atenas Suramericana” a la sazón discurría en lo
administrativo como un municipio con un crecimiento modesto, haciendo un
esfuerzo por asimilar los retos del urbanismo y del progreso, conjugando las
acciones de gobierno de la ciudad con los requerimientos de la naciente clase
obrera y el mejoramiento de sus condiciones de vida, de instrucción y de
higiene, de vivienda y de acceso a los servicios públicos de agua, luz,
teléfono y transporte.
Durante las primeras décadas del siglo XX, campos y ciudades
fueron testigos de las consecuencias de la guerra: cuerpos marchitos y
desvanecidos por el hambre, la ignorancia y las enfermedades brindaban un
cuadro sobrecogedor, recogido en crónicas y noticias de la nación, panorama denunciado
por ensayistas y políticos de la época. A esta situación contribuyeron los
problemas de chichismo y alcoholismo, de sífilis, lepra y tuberculosis, además
de epidemias generalizadas como la gripe de 1918, problemas que afectaban a la
población en general y de manera particular a niños y jóvenes. La defensa de la
población, su regeneración a partir del cuidado del cuerpo, del baño, de la
higiene individual y colectiva, de la alimentación y el cambio de hábitos de
comportamiento, serán una prioridad de los gobernantes. Hacia esta acción
defensiva se encaminan gran parte de las acciones de gobierno a nivel nacional
y a nivel municipal, en donde las escuelas, los maestros y los médicos jugarán un
papel primordial.
Así se puede constatar en los considerandos del Acuerdo 22
de 1917 que crea la Inspección médica de las escuelas primarias y de los
talleres de labores y oficios del municipio:
1º Que es indispensable que los niños que concurran a las
escuelas municipales del Municipio, gocen de salud y no estén expuestos a contraer
enfermedades contagiosas por el contacto con niños que desagraciadamente estén
enfermos;
2° Que es necesario formar la estadística de los niños que
por idiotez, deformación o por lesiones orgánicas, no puedan o no deban
concurrir a las escuelas existentes, a fin de disponer, si fuere del caso, la
creación de escuelas especiales para ellos; y
3° Que es preciso que se cumplan en las escuelas en cuanto
sea posible, todas las prescripciones de higiene[11].
Los nuevos actores son los médicos en las escuelas y el municipio
dispondrá de los recursos para su pago. La higiene es el tema para directores
de escuela, la información sobre la población afectada y las condiciones de
higiene es requerida por la Alcaldía para su conocimiento, en fin, es necesario
conocer a cada niño y a cada niña a través del examen antropométrico: “La
higienización de las escuelas y examen de los niños, se dividirá
proporcionalmente entre los tres médicos escolares”[12].
Nuevos saberes, nuevos sujetos y nuevas acciones de gobierno para el municipio.
Educar pasa por garantizar el cultivo de los cuerpos, sin
castigarlos, sin violentarlos: vigilándolos, registrando su estado de salud,
estableciendo cuadros comparativos de endemias y epidemias a nivel municipal,
involucrando hábitos de higiene e informando a los directores y directoras de
escuelas sobre asuntos relacionados con la higiene, llamando la atención sobre
las consecuencias de los vicios, advirtiendo a los infractores, definiendo
estados de anormalidad, fijando procedimientos de examen, diagnosticando y
previniendo, excluyendo o configurando escuelas especiales. Higienizar e
instruir es un paso necesario hacia la regeneración, la garantía de la vida se
basa en el funcionamiento de mecanismos y prácticas correctivas que permitan la
habituación y la defensa de los cuerpos. Bogotá se comprometerá con este
imperativo de gobierno y ello afectará la agenda de instrucción pública del
municipio.
La díada instrucción e higiene tendrá implicaciones en la legislación
municipal en torno a las construcciones escolares, sustentadas en las
reiteradas denuncias sobre las condiciones locativas en donde funcionan las escuelas,
usualmente casas arrendadas a particulares que no se correspondían con los
nacientes cánones de higiene y menos aún con los planteamientos de la nueva
pedagogía, basada en la actividad y movimiento del niño. De nuevo, se hace
evidente la importancia atribuible al espacio destinado a la escuela y este es
un problema que debe afrontar la ciudad, tanto en sus directrices como en la
apropiación de los recursos respectivos. Así puede leerse en el Acuerdo que da
vida al Fondo de Construcciones Escolares en 1924, en el cual se organiza una comisión
“integrada por los señores presidente del Concejo, alcalde municipal, inspector
escolar, director de obras públicas y director de higiene, encargada de elegir
los sitios y de estudiar los planos de los edificios, para lo cual tendrá en
cuenta los planos de la casa Pearson & C. y los que posee la dirección de
instrucción pública de Cundinamarca”[13].
2 La política educacionista y el surgimiento de la Dirección Municipal de Educación pública de Bogotá (1933)
Para la
organización escolar de Bogotá durante las primeras décadas del siglo XX no
existía ninguna instancia particular de carácter municipal. Existían las
inspecciones, pero el grueso de los asuntos relacionados con la educación era
potestad de la Dirección Departamental de Instrucción o Educación Pública de
Cundinamarca. En general, muchas eran las
necesidades y pocos los caudales con los cuales contaba el erario público para
los asuntos escolares, y cualquier iniciativa al respecto requería del aval no
solamente del Concejo o la Alcaldía, sino de la Secretaría de Gobierno a la
cual estaba adscrita la Dirección de Educación. Los municipios, como rezaba la Ley
Orgánica de 1903, eran responsables de la construcción de las escuelas; al departamento
correspondía el nombramiento y el pago de maestros y a la nación, fijar las
directrices de política y la inspección y vigilancia. Así estaba planteado en
la Ley 39 Orgánica de La Instrucción Pública, expedida en 1903 y reglamentada
por el Decreto 491 de 1904, una normativa que tendría vigencia a nivel nacional
durante casi todo el siglo XX.
Sin embargo, la capital y sus cabildantes generaban
permanentes propuestas y pudieron materializar para la década del treinta una
obra educativa no conocida por la nación pero de gran importancia para la
historia de la ciudad y para la historia institucional de lo que hoy conocemos
como la Secretaría de Educación. Tales avances, incluso estuvieron más allá de las
adecuaciones institucionales. Así ocurrió a finales de 1933 con la fugaz
creación de la Dirección de Educación Pública Municipal, adscrita a la Secretaría
de Gobierno, pero con una estructura y lucha por la autonomía en el
direccionamiento de la educación en la capital que desbordaba las exigencias de
su momento, e incluso planteó un choque de competencias entre la Gobernación y
la Alcaldía[14],
dirimido a favor de la primera, pero que generó un conjunto de acciones y
realizaciones educativas que referencia Roque Casas en su presentación de la
obra educativa de la capital en 1939[15].
Más allá de la estructura orgánica ideal planteada en 1933,
así fuese objetada y modificada posteriormente hasta su configuración como
Inspección General de Educación y Propaganda Cultural en 1938 (que a la postre
funcionaba como una dirección), es evidente para la década del treinta el
marcado interés y una intencionalidad de la acción política en donde la
educación y la extensión cultural, unidas, jugarán un papel primordial y
estratégico. El Estado y la ciudad están comprometidos en generar una política
educacionista y las acciones previas y posteriores a los acuerdos 52 de 1932 y
17 de 1938, expedidos por el Concejo de la capital, son prueba de ello.
Ya no basta solamente con la instrucción y la complejidad
del problema implica diferenciar la acción pública de la higiene y la
instrucción, desde el punto institucional. En la nación, en 1927, ya se había dado
un paso fundamental en esta vía al crear el Ministerio de Educación[16]
que dejaba a un lado su doble función de Ministerio de Instrucción y Salubridad
Públicas[17].
Asimismo, en el ámbito nacional resonaban todavía los planteamientos y
conclusiones de la Misión Pedagógica Alemana (1925) y las tesis de la nueva
pedagogía llegaron a ser una meta del Estado a partir de los aportes de Bernal
Jiménez, de la consolidación de experiencias como la del Gimnasio Moderno
(1914) y de manera particular, por los aportes y contribuciones de Agustín
Nieto Caballero, nombrado por el ministro de Educación Carrizosa como primer
Director General de Educación Primaria y Normal (1932-1936). Durante estos años
se gestó la reforma de las normales, se creó la Facultad de Ciencias de la
Educación que años después se transformaría en la Escuela Normal Superior
(1936). Después vendría el gobierno de López Pumarejo, quien a través de sus
ministros de Educación López de Mesa y Darío Echandía lograría una nueva transformación
institucional del Ministerio de Educación en el marco de la reforma
educacionista de honda trascendencia para el país y para la ciudad, ratificada
por Jorge Eliécer Gaitán como ministro de Educación ya en la presidencia de
Eduardo Santos.
La primera pincelada de la Dirección de Educación del
Municipio se cumple a través del Acuerdo 52 de 1933 por el cual se busca
reglamentar “la función instruccionista del Municipio de Bogotá”, invocando
para ello la Ley 39 y la potestad que tenía el municipio en lo que respecta a
la enseñanza complementaria y dejando constancia además de su obligación en el
suministro y amueblamiento de los locales para las escuelas primarias “según
las prescripciones de la pedagogía moderna”[18]. Esta delegación fue una preocupación
permanente en los años posteriores, dadas las graves condiciones de los locales
y un hecho palpable y de profunda preocupación: las condiciones estructurales y
locativas de las escuelas; de las cuales el municipio tenía una proporción muy
pequeña de locales propios que además no habían sido construidos según las prescripciones de la pedagogía moderna con
problemas en sus condiciones de higiene.
Situación
que se plantea de manera clara en la exposición de motivos del Acuerdo 52: “Convencida
vuestra comisión de que la construcción de locales para escuelas es de una
inaplazable urgencia para la ciudad, por la circunstancia de que los locales
que hoy paga el Municipio son completamente inadecuados para los fines a que se
destinan, ha estimado que la única manera de solucionar en forma rápida y
eficaz ese problema, es el de proveer lo antes posible a levantar las
edificaciones que reúnan determinadas condiciones de higiene y de eficiencia
pedagógica para servir el ramo instruccionista municipal (sic)”[19].
Este Acuerdo lo que busca precisamente es evitar la toma de
arrendamientos de locales sin previo concepto del Consejo Técnico Municipal, una
instancia nueva, que no existía en la ciudad y que estaría encargado “de fijar la política educacionista,
de determinar el régimen científico de los establecimientos docentes, de
reglamentar los concursos para la provisión de cátedras para las escuelas
complementarias, de fijar los sitios en donde deban construiste los edificios
destinados a escuelas primarias, de conformidad con el Artículo 2 de este
Acuerdo, de señalar sus condiciones higiénicas, de redactar los pliegos de
cargos para los contratos de las obras correspondientes al Departamento de
Educación municipal, y de entenderse con la Nación y el Departamento para
armonizar en cuanto sea posible la acción de estas dos entidades con la del
Municipio”[20].
Como puede apreciarse, el rol de este Consejo Técnico es
fundamental, no sólo por las decisiones sobre los locales de las escuelas, sino
por la responsabilidad que le compete en la configuración de la política
educacionista del municipio, interlocutor de naturaleza colegiada, con las
instancias de orden nacional y departamental. Su composición así lo constata:
El
Consejo técnico de Educación municipal será integrado en la forma siguiente:
a. El
Secretario de Gobierno,
b. El
Director municipal de Educación;
c. El
Director Municipal de Higiene;
d. El
jefe de la Oficina de Ingeniería sanitaria, y
e. El
Presidente de la Comisión de Instrucción pública del Concejo[21].
Esta instancia tenía, a su vez, que gestionar la creación de
un curso de perfeccionamiento para maestros en el cual se debían matricular
todos aquellos que irían a dirigir las escuelas a partir de 1935. Una situación
que denotaba básicamente la forma como el municipio estaba abordando un
problema real: la formación de los maestros, situación denunciada por Agustín Nieto
Caballero, señalada por la Misión Pedagógica (1925) y sobre la cual la nación
había respondido con la creación del Instituto Pedagógico para Señoritas y la
Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional (1932) para la
formación de supervisores y profesores para la secundaria. Sin embargo, la
enseñanza primaria y la formación de los maestros tenían graves deficiencias. La
propuesta del municipio planteaba la suspensión por un año de la toma en
arrendamiento de nuevos locales, hasta tanto no se regulara técnicamente estas
asignaciones, situación que generó la inconformidad de la Gobernación, alegando
la inconveniencia, la ilegalidad y la interferencia de la Alcaldía y el Consejo
de la ciudad en asuntos que no eran de su competencia.
El Acuerdo contemplaba también el nombramiento de dos
inspectores escolares y la creación de cinco escuelas complementarias para
niños obreros que hubiesen terminado sus estudios de primaria (Escuela-taller de mecánica; una
Escuela-taller de zapatería y sastrería; Escuela-taller de construcciones,
carpintería y ebanistería; Escuela de comercio y Escuela-taller de industrias
textiles). Igualmente, se abrirían dos talleres de artes y oficios para mujeres
(el primero, de bordados, tejidos, sastrería, modistería, sombrerería,
guarnición, flores y otras labores manuales; y el segundo de contabilidad,
mecanografía, taquigrafía, telegrafía e idiomas). Estos talleres debían incluir
además “una cátedra de higiene sexual, y de economía doméstica”[22].
Unos
meses después, ya en 1934, el Acuerdo será modificado dos veces [23]. La última, en agosto, a
grandes rasgos define lo siguiente:
·
Se crea una Escuela-Taller de educación profesional e industrial para
niños de ambos sexos, con cuatro talleres anexos, con una granja escolar de
experimentación.
·
Se abren dos escuelas taller para niñas.
·
Se crea el cargo de Inspector de las escuelas talleres del Municipio.
·
Se crea la Junta Asesora de Educación del Municipio, “cuyas atribuciones reglamentará la
Dirección Departamental de Educación”. Las siguientes son las bases de su
acción:
a)
organizar y reglamentar el funcionamiento de las Escuelas-Talleres;
b) reglamentar
los concursos de provisión de cátedras en dichos establecimientos.
c) fijar
los sitios donde han de construirse los edificios destinados a las escuelas
primarias que el municipio está obligado a suministrar, así como señalar los
locales que el mismo municipio tiene que proporcionar para la enseñanza
primaria;
d) mantener
presente a todo instante ante el Ministerio de Educación Nacional el anhelo de
una reforma fundamental en los métodos y orientaciones de la Instrucción
primaria y normalista;
e) estar
en contacto permanente con la Dirección de Educación Departamental a fin de
obtener su cooperación en las reformas que dentro de las leyes y ordenanzas sea
factible introducir en la instrucción primaria y profesional, así como
gestionar ante esa entidad la creación de un curso de perfeccionamiento para
maestros;
f) oír previamente
a los médicos escolares en sus dictámenes sobre las condiciones higiénicas que
debían reunir los locales que se tomen en arrendamiento para uso de las
escuelas, antes que se formulen los contratos […][24].
Lo
anterior además de revisar los contratos, garantizar las condiciones de aseo de
los locales, atender las quejas de los alumnos en las escuelas de primaria de las
escuelas talleres, visitar periódicamente las escuelas y elaborar los proyectos
de acuerdo sobre instrucción municipal.
El Consejo
Técnico previsto inicialmente se redefine al crear la Junta Asesora de Educación
Municipal compuesta por:
a. El
Director de Educación del Departamento;
b. El
Presidente de la Comisión de Instrucción pública del Concejo;
c. El
Alcalde de la ciudad;
d. El
Inspector de las Escuelas-Talleres del Municipio;
e. El
Secretario de Obras públicas municipales y
f. El
Director Municipal de Higiene.
La
política instruccionista del municipio volvía así el fuero a la Gobernación y
la Dirección de Educación del Departamento.
[1]
Al respecto se puede resaltar el trabajo desarrollado por el IDEP con
diferentes proyectos que a su vez incluyen publicaciones asociadas. Dentro de
ellos se destaca la Historia de la
Educación en Bogotá, un compendio en dos tomos que incluye 19 ensayos,
publicado en 2002.
[2] Al
respecto ver: Martínez, B. A., Noguera,
C. E., & Castro, J. O. (2003). Currículo y Modernización: Cuatro décadas
de educación en Colombia (2 ed.). Bogotá: GHPP - UPN - Cooperativa
Editorial del Magisterio.Martínez, Noguera, &
Castro. (2003) y Castro, J. O. (2002). El proyecto Bogotá: Apuntes sobre Tecnología
Educativa y Modelo Curricular en Bogotá. En IDEP (Ed.), Historia de la
Educación en Bogotá (Vol. II, págs. 200-215). Bogotá: IDEP.
[3] Ver:
Acuerdo 52 de 1933 (diciembre 29), por el cual se reglamenta la función
instruccionista del municipio de Bogotá. Este acuerdo da vida a la Dirección de
Educación Pública (art. 4).
[4] Ver:
Acuerdo 110 de 1959 (diciembre 7), por el cual se dictan medidas reorgánicas de
educación en el Distrito Especial de Bogotá y otras disposiciones.
[5] Ver:
Acuerdo 27 de 1972 (diciembre 9), por el cual se señala la estructura
administrativa y el funcionamiento de la Secretaría de Educación y se dictan
algunas disposiciones de carácter cultural.
[6] Ver:
decretos 842 de 1995, 443 de 1996 y 1236 de 1997.
[7] Ver:
decretos 538 de 1998 y 816 de 2001.
[8] Ver:
Acuerdo 257 de 2006 (noviembre 30), por el cual se dictan normas básicas sobre
la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las
entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones.
[9]
Ver: Instrucción Pública. (1927). Disposiciones
vigentes. Exposiciones de motivos con prólogo del doctor Antonio José Uribe.
Bogotá: Imprenta Nacional.
[10]
Ibíd.
[11]
Ver Acuerdo 22 de 1917, por el cual se crea la
Inspección médica de las Escuelas primarias y de los Talleres de labores y
oficios del municipio, pp. 182-184.
[12] Ibíd., artículo 7, p. 183.
[13]
Ver artículo 3, Acuerdo 20 de 1924 (junio 24),
sobre construcción de edificios para las escuelas públicas del municipio
[14]
La Ley 72 de 1926, sobre
facultades al municipio de Bogotá, sostenía que el Alcalde Municipal de Bogotá
es Jefe de la Administración Pública en el municipio, ejecutor de los acuerdos
del Concejo y Agente inmediato del gobernador (art. 1).
[15]
Ver: Casas, R. (1939). La educación pública
en Bogotá. Bogotá: Sección de publicaciones y propaganda cultural. Imprenta
Municipal.
[16]
La Ley 56 de 1927 dispuso que “desde el 1º de enero de 1928 el Ministerio de
Instrucción y Salubridad Públicas se llamará Ministerio de Educación Nacional.
Las funciones relativas a Lazaretos quedan adscritas a la Dirección General de
Lazaretos y las relativas a salubridad e higiene públicas quedan adscritas a la
Dirección Nacional de Higiene y Asistencia Públicas” (art. 1).
[17]
En 1931 se reorganizó nuevamente el Ministerio de Educación, dividiéndolo en
dos grandes departamentos: administrativo y técnico. Ver: Helg, A. (1987). La educación en Colombia 1918-1957. Una
historia social, económica y política, Bogotá; CEREC, p. 139. Esta
diferenciación es un aspecto significativo desde el punto de vista de las
organizaciones, que incidirá en las instancias regionales.
[18] Ver: artículo
1, Acuerdo 52 de 1933 (diciembre 29), por el cual se reglamenta la función
instruccionista del municipio de Bogotá.
[19] Ver:
Exposición de Motivos, proyecto de Acuerdo 32 de 1933 (que se numeraría Acuerdo
52).
[20] Ver:
Acuerdo 52 de 1933, art. 5.
[21]
Ibíd., art. 7.
[22] Ibíd., art. 11.
[23] Ver:
acuerdos 14 y 43 de 1934.
[24] Acuerdo
43 de 1934, por el cual se reforman los acuerdos 52 de 1933 y 14 de 1934.
No hay comentarios:
Publicar un comentario