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martes, 2 de julio de 2013

EDUCACIÓN Y PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOGOTÁ


EDUCACIÓN Y PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOGOTÁ

1.      EL PROYECTO DE REFORMA DEL POT DE BOGOTÁ DE LA ADMINISTRACIÓN DE GUSTAVO PETRO DEBE TENER EN CUENTA A LOS COLEGIOS, PORQUE ALLÍ ESTUDIAN 1.500.000 NIÑOS Y JÓVENES DE LA CIUDAD

ÁNGEL PÉREZ MARTÍNEZ[1]

 

El gobierno del Alcalde Gustavo Petro radicó en el mes de mayo la propuesta de Acuerdo para modificar el Plan de Ordenamiento Territorial, POT. El Concejo de la Ciudad discutió la propuesta y ésta no fue aprobada por la Comisión de Planeación. Además, en su momento, gremios, expertos e instituciones como la Veeduría Distrital advirtieron sobre su inconveniencia, fallas y el escaso consenso que existía sobre el proyecto de modelo de Ciudad que proponía la administración para Bogotá.

El tema de los equipamientos educativos estuvo ausente en la propuesta de modificación del POT para la Ciudad. Lo anterior sorprendió si se tiene en cuenta que a estos equipamientos educativos (jardines infantiles, colegios y universidades) asisten más de 2 millones de niños y jóvenes en Bogotá. Además, el desarrollo del sector educativo está ligado a las posibilidades del desarrollo de su infraestructura, la Ciudad tiene un déficit de por lo menos 100 colegios nuevos para avanzar en la jornada única para la educación oficial, razón por la cual qué determine y cómo norme el POT sobre el desarrollo de las actuales y futuras construcciones escolares (públicas y privadas) será determinante para garantizar el derecho a la educación con calidad y seguridad para niños y jóvenes.

El  POT propone un modelo de ciudad a lograr, una forma de priorizar y usar el suelo y el desarrollo de equipamientos de gran impacto para la calidad de vida de los habitantes, tales como el educativo?. No hay duda, el POT es el instrumento básico para lograr el desarrollo ordenado del territorio municipal, la Ley lo define como: “el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo” (Art, 9 Ley 388 de 1997).  
El documento inicial de la administración Distrital que sustentó las modificaciones al POT de Bogotá sostiene que éste es “la carta de navegación que le permite a nuestra Ciudad prepararse frente a los actuales y futuros desafíos urbanos… también busca que la ciudad sea más incluyente y que tenga servicios urbanos cerca a la vivienda”( http://goo.gl/S7Wx0)




El POT expresa una visión y un modelo de Ciudad y tiene efectos inmediatos en el desarrollo y el ordenamiento urbano de la ciudad y el consecuente mejoramiento en la calidad de vida de los más de 7 millones de sus habitantes. Sin embargo, en el Proyecto de Acuerdo para modificar el POT de Bogotá, la administración progresista ni siquiera mencionó palabras asociadas al desarrollo de la infraestructura educativa y a la educación tales como: escuela, colegio, niños o jóvenes. Solo se usó dos veces el término universidad (páginas 112 y 418), igualmente se habla de instituciones educativas en la página 212 (artículo 256) y en la página 418 (enmarcado dentro de un paréntesis al final del artículo 545). El documento era voluminoso, tenía 562 artículos y 449 páginas.
 
 
La administración progresista desconoció que la relación entre educación y POT es directa. Basta señalar los fines de la educación expuestos en la Ley 115 de 1994 y la aplicación de los siguientes 3 principios que son el fundamento del ordenamiento del territorio en Colombia: 1) La función social y ecológica de la propiedad; 2) La prevalencia del interés general sobre el particular; y 3) La distribución equitativa de las cargas y los beneficios (Art, 9 Ley 388 de 1997).

Veamos algunas cifras para refrendar la importancia del sector educativo de Bogotá que justifican la necesidad para que futuras modificaciones del POT en Bogotá, así como en otras ciudades, consideren de manera prioritaria las sedes educativas y las características de construcción de las mismas, y con ello las condiciones y seguridad del lugar donde estudian millones de niños y jóvenes del país.

En el año 2013, la población de Bogotá es aún joven, el 40.5 % de la población tiene menos de 24 años (población total 7.674.366, según DANE). Además, calculo que 2.172.311 niños y jóvenes entre 0 y 21 años asisten a diario a jardines u hogares infantiles (150.592[2] niños entre 0 y 3 años), colegios oficiales y privados  (1.471.719 niños y jóvenes entre 5  y 16 años) o instituciones de educación superior (550.000[3] jóvenes entre 17 y 21 años).

Los datos para el año 2012, mostraron que a las sedes educativas, en las cuales funcionan los colegios de educación básica y media, asistieron 1.504.698 niños y jóvenes entre 5 y 17 años, 20% de la población total de la ciudad (SED: perfil educativo 2012). Las cifras de la SED muestran que 784.571 estudiantes fueron a 680 sedes de colegios oficiales;  111.719 estudiantes asistieron a 267 sedes de colegios privados en convenio y 39.667 estudiantes acudieron a 25 sedes de colegios en concesión. En total 935.957 estudiantes financiados con recursos del Distrito concurrieron a 974 sedes educativas en Bogotá. El resto de estudiantes, 568.741, asistieron a más de 1600 sedes educativas que pertenecen a colegios privados. (Datos SED: perfil educativo 2012 y DANE C600 2011).

2.      DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OFICIAL DE DE BOGOTÁ

En el 2004, el estado de la infraestructura de las 706 sedes donde la SED atendía a 860 mil estudiantes en Bogotá era lamentable, veamos: El 62% de las sedes educativas se constituían en fuente de peligro para la vida de los estudiantes y profesores debido a que no cumplían las condiciones mínimas de sismo resistencia exigidas para ese momento y normas arquitectónicas de seguridad (tamaño escaleras, pasillos, áreas de evacuación); más del 50% de las sedes educativas estaban por debajo de los requerimientos mínimos de salubridad; el 65% de éstas se habían construido antes de 1.984 con esfuerzos comunitarios y sin atender ningún tipo de estándar para desarrollar procesos educativos, recreativos o para la convivencia escolar. En una clasificación donde se tuvo en cuenta factores como sismo resistencia, salubridad, antigüedad, cumplimiento de estándares arquitectónicos y urbanos la SED encontró que sólo el 10% de las sedes educativas oficiales se consideraban como óptimas[4].

Los terremotos en Pakistan[5] (2005) y China[6] (2008) lamentablemente demostraron que en las escuelas ocurrieron las más grandes tragedias, en las sedes educativas de estos países murieron cerca de 20.000 niños en sus escuelas. Lo triste es que somos los adultos quienes decidimos donde estudian los niños.

El peligro, y las condiciones infra humanas en algunos casos, bajo las cuales estudiaban niños y trabajaban docentes, en colegios oficiales con alto riesgo de colapsar por las condiciones de sismo resistencia de la infraestructura educativa del Distrito obligó a la administración Distrital a reorientar recursos y a priorizar como política pública la construcción de nuevos colegios y al mejoramiento y ampliación de los existentes. De tal forma que para el mes de febrero de 2004, la SED presentó a la Ciudad y al Concejo un gigantesco plan de construcciones, que fue aprobado en el Plan de Desarrollo de la Ciudad Bogotá Sin Indiferencia, 2004 – 2008,  mediante el Acuerdo 119 del 3 de junio de 2004. Dicho plan se discriminó en el Plan Sectorial de Educación: Bogotá Una Gran Escuela,  publicado por la SED en agosto del año 2004, en él se sustentó: 1) la necesidad de ampliar la cobertura de la Ciudad en la educación básica y media; 2) la urgencia de reforzar y mejorar la infraestructura de los colegios oficiales y; 3) la obligación de legalizar la ilegalidad bajo la cual funcionaba la infraestructura educativa oficial (sólo 36 sedes tenían licencia de construcción, el 5% del total). 

En efecto, en la sustentación de motivos del Plan, “Bogotá Sin Indiferencia”, administración del alcalde Luis Eduardo Garzón mencionó lo siguiente: “en educación, la acción inicial se concentrará en la reducción del déficit de cupos escolares, en el mejoramiento de la calidad y en la corrección del amplio deterioro de la infraestructura física, la cual se encuentra en verdaderas condiciones de emergencia[7].

Para ello se diseñaron dos proyectos, cada uno con sus respectivas metas: 1) construcción y dotación de 38 colegios nuevos, y 2) mejoramiento o ampliación integral de los viejos colegios oficiales para prevenir el riesgo y mejorar las condiciones de aprendizaje y enseñanza. Este segundo proyecto tuvo como meta intervenir 600 sedes educativas así: 201 reforzamiento de sedes, 50 mejoramientos y ampliaciones de sedes, y 350 obras menores de mantenimiento preventivo o correctivo de sedes de colegios distritales.

El programa atendió el primer componente del derecho a la educación: disponibilidad de colegios y dotaciones escolares. Resultados: al finalizar el año 2008: más de 400.000 estudiantes beneficiados, 36 colegios construidos, 170 sedes reforzadas y mejoradas, 60 colegios reconstruidos y ampliados. Así mismo, la SED invirtió recursos, entre los años 2004 y 2008, por más de 1.3 billones de pesos de 2008, para más de 800.000 metros cuadrados de nueva construcción de colegios oficiales[8]. Este proyecto efectuó cerca de 200 licitaciones y convocatorias, contó con las interventorías de la Universidad Nacional y Distrital y al finalizar el año 2008 se había ejecutado en más del 95%.

A pesar de los resultados alcanzados, aún subsisten más de 200 sedes educativas oficiales que en Bogotá requieren reforzamiento y mejoramiento de su infraestructura de manera urgente, entre otras razones porque no cumplen las normas y los estándares básicos de reforzamiento estructural o de seguridad arquitectónica.

Sobre las condiciones de la infraestructura de los colegios privados no existe un diagnóstico adecuado e información detallada sobre el tamaño del problema. Sin embargo, al terminar el año 2009 la Dirección de Colegios Privados de la Sed calculó que cerca de 1800 colegios tenían licencia de funcionamiento, de los cuales sólo el 20% cumplía las condiciones mínimas de sismo resistencia.
 De otra parte, el Plan Maestro de Equipamiento Educativo (Decreto 449 de 2006) proyectó, a partir del Gobierno de Lucho Garzón, la construcción de por lo menos 20 colegios nuevos oficiales en cada una de las siguientes administraciones de la Ciudad, con un promedio de 2.000 estudiantes. En el Gobierno de Samuel Moreno se construyeron dos colegios y en el de Petro aún no se construyen colegios nuevos.
 

Conclusión: en Bogotá más de 500.000 mil niños y jóvenes asisten a colegios privados y oficiales que no cumplen condiciones de sismo resistencia y de seguridad, razón por la cual estudiantes junto con sus maestros arriesgan la vida de manera permanente. Además, el déficit de cupos escolares se ha incrementado en algunos sectores de la Ciudad, no se han construido 60 colegios oficiales para por lo menos 100.000 estudiantes proyectados en el Plan Maestro de Educación y que deberían estar ubicados en: Suba, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy (Sector de Patio Bonito) y en Usme. Estos colegios garantizarían a Bogotá empezar a realizar la jornada única en serio y con calidad para los niños de estratos 1, 2 y 3 de la Ciudad.

3.      EL PROYECTO DE REFORMA DEL POT DE PETRO DESCONOCIÓ LOS DERECHOS ESPECIALES Y PREFERENTES DE NIÑOS Y JÓVENES.

El ordenamiento constitucional reconoce la educación de los niños y jóvenes como un derecho (artículos 67 y 44), además diversos fallos de la Corte Suprema han insistido que es un derecho fundamental, porque es inherente a la persona, al desarrollo humano de la persona (Sentencia T-356/01). Es decir, sin educación la existencia de la persona y su proceso de humanización estaría en peligro.

También, la Ley 1098 de 2006, por la cual se expidió el Código de la Infancia y la Adolescencia, insiste en la prevalencia del derecho de los niños y jóvenes y en las responsabilidades del Estado y de la sociedad para garantizar y proteger estos derechos. El artículo 8 determinó el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes: Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes.

Además, el artículo 17 sostiene que los niños y jóvenes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida, a un ambiente sano en condiciones de dignidad y  goce de todos sus derechos en forma prevalente. En este mismo sentido, el artículo 41, del Código de Infancia, afirma que el Estado en su contexto institucional y en cumplimiento de sus funciones en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal deberá: 1) Garantizar el ejercicio de todos los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. 2) Asegurar las condiciones para el ejercicio de los derechos y prevenir su amenaza o afectación a través del diseño y la ejecución de políticas públicas sobre infancia y adolescencia….35) adoptar las medidas necesarias para salvaguardar su integridad física.

Las anteriores normas por sí solas deberían presionar a la  administración de Bogotá y demás entidades territoriales a garantizar la existencia, cuidado y protección de los edificios escolares donde funcionan jardines, escuelas y colegios, en primer lugar otorgando prioridad en el ordenamiento urbano y en el uso del suelo a legalizar las construcciones escolares existentes y además facilitar a futuro nuevas construcciones escolares.

PROPUESTA DE TEMAS DE EDUCACIÓN PARA INCLUIR EN EL PROYECTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE MODIFICA EL POT


El Gobierno de Petro ha planteado que volverá a presentar al Concejo de la Ciudad en el mes de agosto el proyecto de ajuste al POT, por lo cual propongo incluir los siguientes temas:  
1.      Reconocer la existencia de todas las sedes en las cuales funcionan los colegios oficiales de la Ciudad. Para ello propongo que se copie el parágrafo 2 del artículo 233 del Decreto 190 de 2004 que legalizó los salones comunales, el cual sostiene que: “A partir de la entrada en vigencia del presente plan, se legalizan los salones comunales ya construidos en zonas de cesión pública que no estén afectados por riesgo, ni invadiendo zonas de preservación ambiental. En dichos salones se podrán hacer reparaciones locativas, remodelaciones y refuerzos estructurales, sin mediar el trámite de licencia de intervención y ocupación del espacio público, siendo necesaria la licencia de reconocimiento ante las Curadurías Urbanas”. Nótese que sólo se requiere reemplazar salones comunales por sedes de colegios oficiales, el resto quedará igual.

2.      Reconocer las sedes de los colegios privados construidos antes de la expedición del Plan Maestro de Equipamiento Educativo (octubre del 2006), en las mismas condiciones que se otorgue a los colegios oficiales, pero exigiendo a los mismos la presentación, a más tardar en los próximos dos años, de un plan de reforzamiento y cumplimiento de estándares mínimos de seguridad de acuerdo con lo establecido en el Plan Maestro de Educación. Este plan de reforzamiento y cumplimiento de estándares mínimos deberá ser realizado en los próximos diez años y los colegios privados en los primeros 5 o 6 años de vigencia de la reforma del POT tendrán que ejecutar por lo menos las obras que garanticen el reforzamiento estructural de las edificaciones y la seguridad de los estudiantes.

3.      Las casas o edificaciones que estén cerca a colegios públicos y privados creados antes de la expedición del Plan Maestro de Educación, y que además, éstos demuestren que se requieren para cumplir estándares educativos o urbanos deberán ser bloqueados por la administración distrital, cambiando su uso residencial, comercial, industrial, etc. por uso educativo. La ciudad debe dar señales claras en sus normas sobre la prevalencia del interés prioritario de los niños, y por lo tanto, asegurar la calidad de las sedes educativas y la vida de los niños, en el lugar donde ellos estudian.

4.      EL POT debe prohibir la construcción de urbanizaciones o de proyectos de vivienda si éstos no garantizan el suelo o los espacios para la construcción de colegios. Bogotá debe ser consciente del daño que hace a la ciudad desarrollar programas de vivienda sin los respectivos jardines escolares y colegios. Basta señalar el impacto negativo para niños y ciudad por no contar con colegios cerca al sitio de la vivienda: deserción escolar de niños pobres, sobrecostos para el gobierno o la familia (transporte escolar), contaminación ambiental y maltrato a los niños (rutas que recogen a los niños entre las 5:00 y las 6:00 am).

5.      Exigir que las Curadurías de la Ciudad que prioricen y asesoren los proyectos urbanísticos y arquitectónicos de los colegios para garantizar el reforzamiento estructural y el cumplimiento de los estándares  del Plan Maestro de Educación.
Finalmente, a manera de ejemplo, en Ciudad Salitre se construyó el Colegio Agustiniano, en el costado más occidental de este sector de la Ciudad, el colegio atiende a más de 2000 estudiantes del sector, aunque este genera algún tipo de transporte para los niños, éste no sobrepasa 20 microbuses con rutas de corto recorrido. Si no se hubiera construido el colegio, los habitantes de Ciudad Salitre estarían generando 66 o 50 rutas de buses (según sea el caso: buses de 30 o de 40 pasajeros-estudiantes), entre las 5 y las 6:30 am y de regreso entre las 3:00 y las 4:30 pm. Imaginemos el trancón adicional en Ciudad salitre (pongan en fila 75 buses), la contaminación que generarían los buses, además de los trancones en otras partes de la ciudad, para no mencionar el sacrificio para los niños, despiertos antes de las 5 am.

Otro hecho es la construcción de la Ciudadela de Metrovivienda en Bosa, allí se construyeron cerca de 10.000 viviendas y ningún Colegio, entre 2004 y 2008 se construyeron seis (6) colegios que atienden 12.000 estudiantes pero aún en ese sector se tiene un déficit de por lo menos tres (3) colegios, 5.000 estudiantes  
 

Así mismo, pregunto: ¿las 100.000 viviendas gratis de Santos contemplaron la construcción de jardines y colegios en sus áreas de influencia? Basta señalar que son 200.000 niños y jóvenes (en promedio 4 integrantes por familia, 2 adultos y 2 niños o jóvenes en edad escolar), es decir, para la población beneficiara del programa se requieren 100 colegios de 2.000 estudiantes o 200 colegios de 1.000 alumnos, más los jardines infantiles
 
 
También, inquieta saber si la administración de Petro cumplirá los estándares de calidad y seguridad en la construcción de los jardines escolares que proyecta desarrollar en Bogotá, espero que el sector educativo no regrese a la vieja práctica de conseguir casas, de uno o dos pisos, para adaptarlas como sedes educativas, en los barrios pobres de Bogotá, con el único propósito de incrementar coberturas, sin cumplir condiciones mínimas y violando de entrada los derecho de los niños y jóvenes.   




[1] Consultor. Ex Director de Planeación del Men y ex subsecretario de educación de Bogotá.
[2] La SDIS sostiene que la cobertura para los niños entre 0 y 3 años alcanza el 19%, y calculé una cobertura del 50% para los niños de 4 años.
[3] Cifra proyectada, 509.678 estudiantes estaban matriculados en las instituciones de educación superior de Bogotá, en el año 2010. Según el Informe Nacional de Educación Superior del MEN, junio de 2011.
[4] SED. Plan Sectorial de Educación 2004 -2008- Bogotá Una Gran escuela. P.30. 2004.
[5] Al menos 17.000 niños murieron en escuelas derribadas por el devastador terremoto que azotó Pakistán. http://www.eird.org/cd/toolkit08/material/Inicio/escuela_segura/capitulo_1.pdf
[6] En el terremoto de la China murieron entre 5.000 y 7.000 niños.
 
[7] Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas Bogotá 2004 – 2008. Acuerdo 119 del 3 de junio de 2004. P.23. Imprenta Distrital. 2004.
[8]No encontré antecedentes de un proyecto similar en América Latina o en Colombia. Los datos relevantes del mismo fueron: 36 colegios nuevos, 176 sedes reforzadas y mejoradas, 70 ampliaciones y 200 obras menores, en total se construyeron más de 800.000 metros cuadrados de construcción que beneficiaron a más de 400.000 estudiantes con una inversión, entre 2004 y 2008, de un billón doscientos mil millones de pesos, a pesos del 2008.

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